Minerales como columbita-tantalita (coltán, una fuente de tántalo y niobio), casiterita (mineral de estaño), wolframio (mineral de tungsteno), y el oro, calificados como 3TGs son reconocidos como Conflict Minerals (Minerales de Conflicto), término que se utiliza para describir los tipos de metal que, cuando son vendidos o comercializados pueden jugar funciones claves alimentando conflictos armados y abusos de derechos humanos.

En el año 2012, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor que exige, entre otras cosas, la investigación, el registro y la divulgación de la utilización de los minerales de conflicto de la República Democrática del Congo (RDC) y de nueve países adyacentes: República del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, Zambia, Angola, Tanzania, Burundi, Ruanda y Uganda.

El objetivo de las Reglas de minerales en conflicto es desalentar el uso de minerales que podrían estar financiando el conflicto violento en África Central.

Existen organizaciones como la Responsible Minerals Iniciative (RMI) que trabaja en procesos de verificación y auditorias del abastecimiento responsable de los minerales (RMAP) y brindan información sobre las cadenas de suministros de los minerales, incluyendo el país de origen del mineral, las fundidoras y las refinerías que lo tratan, a través del Registro de Informe de Minerales en Conflicto (CMRT).